De lo mundano y cotidiano

EL DESISTIMIENTO TÁCITO,

EL DESISTIMIENTO TÁCITO,

COMENTARIOS SOBRE LA LEY 1194 DEL 9 DE MAYO DE 2008.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

 

Javier Enrique Castillo Cadena[1]

 

 

 

RESUMEN

 

Desde el pasado 8 de mayo, en nuestro universo jurídico se introdujo la institución del “desistimiento tácito”; que como la anterior perención, propugna por castigar al litigante perezoso en aras de evitar el atiborramiento de los juzgados y los derechos subjetivos de la parte activa, que va a sufrir, sin existir, sanciones o penas que se ocurren eternas.

 

Con antelación la congestión judicial había sido tratada por diversos medios, recordemos que la conciliación, fue tenida en su momento como la herramienta más útil para evitarla, pero olvidaba el legislador la propia dinámica de este importante medio de solución de conflictos y su tarea de mejorar la convivencia social, que no conllevaba propiamente la descongestión.

 

Para el estudio del “desistimiento tácito” iniciamos por la caducidad del juicio, luego por la perención para detenernos en la comparación de la nueva figura con sus antecesoras, con el fin de desentrañar las reales posibilidades que el nuevo instrumento judicial, cumpla su cometido y no se convierta, como se avizora en una herramienta mas de entorpecimiento de la labor judicial y del proceso mismo.    

 

 

PALABRAS CLAVES

 

Desistimiento tácito

Caducidad del juicio

Perención

 

 

INTRODUCCION

 

La Ley 794 de 2.003 en su artículo 70, derogó sin mayores dolientes la figura procesal de la PERENCION, y sin mayores dolientes, por cuanto la norma era arbitrariamente utilizada por el aparato judicial, no con fines benéficos al proceso, sino exclusivamente para descongestión de los despachos judiciales.

 

Ahora surge una innovación, que se denominó DESISTIMIENTO TACITO, promulgada por ley 1194 del 9 de mayo de 2.008. Aún cuando con las instituciones jurídicas, el tiempo es una de las variables a tener en cuenta, para conocer la eficacia de la norma, la falta de exactitud de ella, en puntos claves como cargas procesales, hace proyectar un futuro bastante complicado, tanto para el operador judicial, como a los usuarios del sistema.

 

Para iniciar, remontemos el estudio a una institución dejada en el tiempo.

 

 

LA CADUCIDAD DEL JUICIO

 

Desde años anteriores a 1964 se hablaba de la “caducidad del juicio” y se tenía como pena al litigante moroso, por el abandono del proceso por un lapso de un (1) año, sin haber realizado gestión alguna; año que se contaba a partir de la práctica de la última diligencia.

 

En ese entonces, la iniciativa para exigir la caducidad del juicio, era de la parte demandada (no del juez oficiosamente), conllevaba el levantamiento de las medidas cautelares; pero cualquier actuación (memorial) interrumpía el término del abandono, siempre que esta fuera para darle celeridad al proceso. El término para incoar la nueva acción era no menor de dos (2) años.

 

Devis Echandía escribió al respecto: “La caducidad le pone siempre término al proceso, pero su eficacia varía. Cuando opera por primera vez, el juicio concluye, pero no se extingue el derecho sino que suspende su ejercicio, razón por la cual del demandante no puede promover nuevo juicio sino pasados dos años a partir de la fecha de la notificación del auto que la declara. Pero si, instaurada nuevamente la demanda, se produce otra vez la caducidad entre las mismas partes, no solo se declara extinguida la instancia sino “la acción” (mejor dicho el derecho material), y, por lo tanto no se puede iniciar un nuevo juicio por el mismo objeto, por la misma causa y entre las mismas partes; es decir los efectos del auto que declara la caducidad por segunda vez, son de sentencia absolutoria definitiva o de cosa juzgada y puede proponerse como tan en forma de excepción dilatoria o perentoria”. [2] 

 

 

LA PERENCION

 

Los artículos 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil (Decretos 1400 del 6 de agosto de 1970 y 2019 del 26 de octubre de 1970), los que fueron reformados por el Decreto 2282 de 1989 (artículo 1º. Num. 166 y 167) manifestaban:

 

ART 346: Perención del Proceso. Cuando en el curso de la primera instancia el expediente permanezca en la secretaría durante seis o más meses, por estar pendiente su trámite de un acto del demandante, el juez decretará la perención del proceso, si el demandado lo solicita antes de que aquél ejecute dicho acto.

 

El término se contará a partir del día siguiente al de la notificación del último auto o al de la práctica de la última diligencia o audiencia.

 

En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere y se condenará en costas al demandante. Dicho auto se notificará como la sentencia; ejecutoriado y cumplido se archivará al expediente.

 

La perención pone fin al proceso e impide que el demandante lo inicie de nuevo, durante los dos años siguientes, contados a partir de la notificación del auto que la decrete o de la del auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, si fuere el caso.

 

Decretada la perención por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ello hubiere lugar.

 

Lo dispuesto en este artículo no aplica a los procesos en que sea parte la Nación, una institución financiera nacionalizada, un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial o un municipio. Tampoco aplica a los procesos de división de bienes comunes, deslinde, liquidación de sociedades, de sucesión por causa de muerte y jurisdicción voluntaria.

 

En los procesos de ejecución podrá pedirse, en vez de la perención, que se decrete el desembargo de los bienes perseguidos, siempre que no estén gravados con prenda o hipoteca a favor de acreedor que actúe en el proceso. Los bienes desembargados no podrán embargarse de nuevo en el mismo proceso, antes de un año. Si en el trámite de las excepciones durante la primera instancia, el expediente permanece en secretaría seis o más, por estar pendiente de un acto del ejecutado y el ejecutante lo solicite antes de que se efectúe dicho acto, el juez declarará desiertas las excepciones. El término se contará como dispone el inciso primero de este artículo.

 

El auto que decrete la perención es apelable en el efecto suspensivo. El que decrete el desembargo en procesos ejecutivos en el diferido, y el que lo deniegue en el devolutivo

 

ART. 347: Perención de la segunda instancia: Con las excepciones indicadas en el inciso sexto del artículo precedente, a solicitud de la parte que no haya apelado ni adherido a la apelación, el superior declarará desierto el recurso cuando por la causa indicado en el artículo anterior, el expediente haya permanecido en la secretaría durante seis o mas meses, contados como se dispone en el inciso primero del mismo artículo

 

Hernando Devis Echandía la definía como:”sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos” y además señalaba que tenía lugar “cuando el demandante abandona el proceso en la secretaría durante la primera instancia, sin promover actuación por escrito durante seis meses..”

 

La perención en ese momento exigía: Inactividad procesal de la actora por un lapso no menor a seis meses; petición de la contraparte (demandada). Y como consecuencia de su declaratoria se ponía fin al proceso, se levantaban las medidas cautelares e impedía el nuevo proceso por un lapso de dos años.

 

En los procesos ejecutivos, la perención se traducía en el desembargo de los bienes perseguidos, salvo los gravados con prenda e hipoteca y esos bienes liberados de embargo, no podían ser nuevamente embargados antes de un año.

 

En estos mismos procesos, era aplicable la perención sobre las excepciones de fondo, cuando la inactividad fuese responsabilidad del excepcionante y conllevaba la declaratoria de desierta de estas.

 

Comparándose la caducidad del juicio con la perención, el término de inactividad se sustrajo de un (1) año a seis (6) meses y se mantuvo la sanción de no procedibilidad antes de dos (2) años. Se extendió la perención a la segunda instancia, pero se mantuvo la penalidad por la segunda vuelta, en la “pérdida del derecho pretendido”

 

El punto de quiebre, era sencillo de determinar, puesto que aunque exigía dos condiciones: la permanencia del expediente en secretaría y el pender allí por una actividad del demandante; no quedaba sometida su viabilidad a criterios subjetivos o interpretativos de mayor dimensión.

 

La imposibilidad de obrar del juez oficiosamente coartada originalmente le fue instituida por el artículo 45 del Decreto 2651 de 1991[3] (Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales); artículo que se tradujo en norma permanente (Ley 446 de 1.998, artículo 19), extendiendo los efectos a puntos específicos como lo eran[4]; el no estar notificados todos los demandados; es decir dejando atrás la discusión sobre las variables de la existencia de proceso o de un mero expediente.

 

A partir del punto que la perención obraba en forma distinta, las consecuencias de la perención también lo eran, además de la aducida de terminar el proceso o de producir el levantamiento de las cautelas, se impedía iniciar un nuevo proceso antes de transcurrir dos (2) años y en el evento de iterarse la conducta omisiva con el mismo resultado de la perención, ello se traducía en la extinción de hecho del derecho del demandante.

 

Obviamente al ser sanción, los términos de prescripción o caducidad no se interrumpían.

 

No dejaba de llamar la atención que la norma en ciernes, daba un tratamiento discriminatorio a ciertos procesos como los divisorios, de deslinde o liquidación de sociedades entre otros, sobre los que no era posible aplicar la perención y subjetivamente inhibía de aplicarla a ciertas personas jurídicas como instituciones financieras nacionalizadas.

 

 

EL PROYECTO DE LEY 062 DE 2007[5]  

 

Los Representantes a la Cámara Orlando Guerra de la Rosa y Jaime Duran Barrera, justificaron ante la Comisión Primera, la importancia de la instauración del “desistimiento tácito” en trece (13) circunstancias. 

 

La primera de ellas hace relación a que “Es de aplicación en todo tipo de procesos civiles.  No importa si se trata de un proceso de conocimiento, de un ejecutivo o de uno de liquidación.  Lo cierto es que si el juez no puede darle impulso en la forma en que la ley se lo ordena por falta de un acto de quien lo promovió, el proceso no debe seguir en el despacho Judicial, pues sólo causa “estorbo”.”

 

“2ª. Es de aplicación en toda actuación que se promueva, incluyendo los incidentes o la convocatoria de terceros. De manera que la desidia de los demandantes que promueven estas actuaciones no podrá causar el estancamiento del proceso.

 

3ª.  No genera discusiones en torno a los efectos de su declaratoria. La disposición propuesta claramente señala que queda sin efectos la demanda o la solicitud, y el proceso o la actuación respectiva deben terminar de inmediato. Esta no extingue el derecho reclamado, salvo que haya expirado la oportunidad para ejercerlo, como cuando se haya consolidado la caducidad o vencido el término para invocarlo dentro del proceso, según el caso.

 

4ª. No termina el proceso inadvertidamente. Antes de decretar la terminación del proceso, el juez debe ordenarle en forma concreta al demandante o a quien haya promovido la actuación, la realización de un acto, y otorgarle el término de veinte días para obedecer. De modo que cuando se decrete la terminación del proceso, el actor está claramente avisado.

 

5ª. No es consecuencia del simple olvido del litigante. Lo que reprocha esta disposición es la desobediencia de la parte a la orden impartida por el juez, a pesar de la advertencia.

 

6ª. No somete al juez ni a la persona afectada con medidas cautelares a una espera tan prolongada (seis meses), como lo proponía el proyecto de ley con la figura de la perención judicial. En verdad el término de veinte días es suficiente para que el demandante o quien haya promovido cualquier otra actuación procesal realice lo que le corresponda en aras de facilitar el impulso del proceso. Por lo regular lo que se espera de la parte es el suministro de un dato o la manifestación de que lo ignora.

 

7ª. No es manipulable por el demandante. A decir verdad, la escasa frecuencia con que operaba la perención obedecía a que para evitarla era suficiente con presentar cada cinco meses un memorial con solicitudes inútiles que obligaban al secretario a pasar el expediente al despacho. La disposición que se propone no permite formas de dilación y de entrabamiento del proceso.

 

8ª. No toma por sorpresa al afectado. La disposición que se propone plantea un juego limpio y frentero. Por un lado, con la orden que imparte el juez, las partes quedan advertidas de lo que ocurrirá si no se obedece. Y por otro lado, el auto que decreta la terminación se notifica por estado, que es la notificación que las partes deben estar esperando mientras el proceso no haya ingresado para sentencia.

 

10ª. La disposición propuesta tendría aplicación en todos los procesos incluyendo los que tramitan los jueces de lo contencioso administrativo, en donde a pesar de subsistir la perención, hay procesos estancados por inactividad de las partes.

 

11ª En esta ponencia está estipulada la condena en costas y perjuicios si como consecuencia del desistimiento tácito hay levantamiento de medidas cautelares.

 

12ª  Se tiene en cuenta el término de veinte días para que el juez ordene el cumplimiento de la actuación, tomando la visión que se discutió en la comisión primera y no diez como había sido propuesto en la ponencia para primer debate.

 

12ª Se agrega un parágrafo que da protección a los incapaces relativos y absolutos, cuando estos no posean apoderado judicial.

 

13ª Finalmente, se agrega un segundo parágrafo que impide que se vuelva a presentar la demanda dentro del año siguientes a la ejecutoria del desistimiento tácito”.

 

 

Es de resaltar que del proyecto debatido, al texto definitivo de la ley, hubo en el trámite parlamentario modificaciones, como la de ampliar de 20 días a 30 días el cumplimiento de lo resuelto por el juez, como causal de la inactividad procesal y la pena para procedibilidad de la nueva acción se disminuye a solo seis (6) meses, cuando la ponencia estipulaba un (1) año.

 

LA LEY 1194 DEL 9 DE MAYO DE 2008

 

Para acometer el estudio de la Ley, es necesario el revisar asuntos puntuales y desentrañar el sentido de ella. La ley se compone de tres (3) artículos, el primero que corresponde a la nueva redacción del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el segundo sobre derogatoria y aplicabilidad y el tercero sobre la vigencia de la ley.

 

Es precisamente sobre el segundo que se iniciará el estudio.  

 

a. La Ley plantea que ella solo le es aplicable a los asuntos de naturaleza civil y de familia. Luego comienza descartando, sí de la interpretación gramatical se refiere, otros asuntos que son tratados por el Código de Procedimiento Civil, como los de naturaleza comercial o agraria.

 

Ello implica, sin dubitación alguna, que a los asuntos no enmarcados en esa naturaleza; civil o familia,  no le es aplicables el desistimiento tácito de la nueva ley y por ende a pesar de regirse por el Código de Procedimiento Civil, la naturaleza del asunto lo haría inaplicable. Luego estamos en presencia de una descalificación atípica.

 

En ese entendimiento, a pesar que el código de procedimiento civil sea el aplicable, si la naturaleza del asunto no lo permite, no se podría generar el desistimiento tácito, pues como se reitera en la ley, este solo es susceptible de darse en asuntos que conozca la “jurisdicción” civil y de familia.

Ese sería el caso de algunos trámites en el proceso contencioso administrativo, en donde es aplicable la norma civil, (art.  267 del Decreto 01 de 1984 y ley 1194 de 2008) en donde esta novísima figura sería inaplicable y más dramático sería, que el mismo juez (el civil), tendría que aplicarse la norma para unos proceso y dejarse de aplicar para otros (el comercial).   

 

b. Para proseguir, es necesario ya redundar en la naturaleza misma de la nueva figura procesal. El desistimiento tácito, es una sanción legal (por que lo tácito lo señala la ley a partir de un comportamiento procesal), que se impondrá por el juez a cualquiera de las partes, cuando a pesar de su requerimiento previo, no acometió la parte afectada una conducta procesal diligente, tendiente al cumplimiento de su carga en el proceso.

 

Quiere decir, que se dejan de lado los presupuestos históricos de la perención y de la “caducidad del juicio”, como por ejemplo la exigencia de petición de parte, puesto que ahora su declaración es netamente oficiosa.

 

El término de la inactividad, -el punto de quiebre-;  variaba en su duración de un  (1) año o seis (6) meses, en los anteriores regimenes, deja de ser objeto de trascendencia judicial, y es sustituido por un concepto novedoso cual es la ausencia del cumplimiento de una carga procesal, que le sea propia al litigante.

 

En últimas se abandona que el petente sea el demandado, y dirigida al demandante o al excepcionante en últimas y ahora a cualquiera de los litigantes (como lo señala la norma, a quien introdujo al sistema judicial cualquiera de las siguientes actuaciones: demanda, denuncia del pleito, del llamamiento en garantía, del incidente, o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte).

 

La causa de la figura, es darle una nueva visión al proceso civil, al hacer que el juez, detente de hecho el poder que le consagra el artículo 37 del C. de P.C. de “1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”.

 

Ese poder se diluía en la práctica, toda vez que carecía el juez, de herramientas de coacción para imponer el criterio, sobre la celeridad en el trámite.

 

Pero mas allá, de una nueva regla inquisitiva en el proceso civil; se debe mirar que el bien jurídico tutelado, lo constituye la salvaguardia de derechos subjetivos de la contraparte, como reacción a la inercia procesal de uno de los litigantes. Por ejemplo, frente a demandas con duración indefinida o medidas cautelares, no efectivizadas plenamente por la ruptura de la secuencia dada en el proceso.

 

c. Bajo una distinta naturaleza, pero con unas consecuencias similares, se introduce nuevamente en nuestro sistema judicial, una sanción al litigante retraído en el cumplimiento de sus cargas procesales.

 

Estas consecuencias son: la ineficacia de la demanda (toda vez que quedará sin efectos) y la terminación del proceso en forma inmediata, lo que conlleva el levantamiento de las medidas cautelares, si ellas se hubieren practicado y la no procedibilidad de nueva demanda, sino una vez transcurrido el término de sanción, que es de seis (6) meses.

 

En caso de iteración, bajo los supuestos de mismas partes e iguales pretensiones, el derecho se extingue; cancelando el juez los títulos correspondientes, dice la norma, si ha ello hubiere lugar.

 

d. El trámite: Se abandonó igualmente por la Ley, la distinción de consecuencias producto de la inactividad. Antes se distinguía si se trataba de procesos distintos al ejecutivo o procesos de esta índole; ahora se le da a ambas posibilidades un trámite común; que solo lleva implícita la condena en costas y perjuicios, cuando se produzca como consecuencia de la inactividad el levantamiento de las medidas previas.

 

Se parte ahora no del transcurso del tiempo sin tramitación procesal, sino del concepto del juez, sobre la ausencia de un preciso trámite judicial, endilgable a una de las partes, que ha producido cierta parálisis en el ágil diligenciamiento del proceso.

 

Infortunadamente, se abandona por la ley, el criterio objetivo de la falta de actividad procesal (seis meses, un año sin solicitudes etc) a uno casi completamente subjetivo, la percepción del juez, sobre el cumplimiento temprano o tardío de las respectivas cargas procesales, por las partes intervinientes en el proceso.

 

Una vez avizorado este hecho, el juez por auto, deberá dar a conocer esa situación a las partes y requerirá a quien debe asumir esa determinada carga, para que en un lapso de treinta días (hábiles judicialmente) la realice. La norma no especifica, si la ejecución del hecho, debe ser plena o simplemente principiar con la acción.

 

La carga sería, iniciar el trámite de notificación personal al demandado del auto admisorio de la demanda o notificar a este efectivamente esa providencia;  por cuanto lo primero es posible de realizarse en el periodo legal, lo otro es un imposible, toda vez que entrañaría la posibilidad de la aplicación de las normas de los artículo 315, 320 y 318 del Código de Procedimiento Civil. Luego, volvemos a lo subjetivo de la normatividad, tal como quedó plasmada en la Ley.

 

La notificación del auto, por vía de estado no es suficiente para entenderse como notificada la providencia que ordena la actividad de parte, puesto que el legislador ordenó que se comunicara igualmente, por el medio más expedito; como por ejemplo la utilizada para avisar a la parte correspondiente de la renuncia al poder de su abogado u otra similar.

 

El término de treinta (30) días, deberá correr a partir de esta ultima forma de información de la providencia del juez, siempre y cuando se compruebe que se haya cumplido el fin previsto en la norma, que es el conocimiento cierto del acto procesal, por la parte quien debe realizar la actividad exigida por el juez.

 

No realizada por la parte obligada, la actividad procesal, que el juez exigió y comunicada debidamente la providencia, con un nuevo auto, se ordenará el archivo del proceso. Auto que es susceptible del recurso de apelación, toda vez que el numeral séptimo del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, prevé como apelable, la providencia: “7.  El que decida sobre un desistimiento, una transacción, la perención, decrete o levante medidas cautelares, o por cualquier otra causa ponga fin al proceso.

 

Debe distinguirse en este momento el cumplimiento parcial de la actividad procesal o la imposibilidad física de cumplir la “supuesta” carga procesal. Esto es la consecuencia de abandonar un requerimiento objetivo (transcurso del tiempo) a uno subjetivo (cumpla tal labor), lo que puede conllevar, resultados de distinta índole y generar consecuencias diversas. Estas dos posibilidades no son contempladas por la ley en forma específica, pero debe recordarse que nadie está obligado a lo imposible, cuando a circunstancias temporales se refiere. A lo que se estará obligado, será a principiar la actividad; mas no a consumarse toda ella, cuando en el término escaso de un mes, esto no se pueda lograr.

 

e. Nuestro código de procedimiento civil, se mueve entre lo dispositivo y lo inquisitivo, tomando de las dos reglas técnicas, elementos que son ampliados en la ley procesal actual.

 

Se ha visto en lo dispositivo, según Podetti, citado por López Blanco[6], “la facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O Couture, citado también “principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio, y el poder de renunciar a los actos del proceso”

 

En contrario, lo inquisitivo pregona la intervención del Estado en la tarea de adelantar y resolver definitivamente los procesos. Nuestro procedimiento civil involucra ambas reglas técnicas.

 

Frente a la terminación de los procesos civiles, existe también una combinación de los anteriores conceptos,  por un lado se hace primar la voluntad de las partes; como en el desistimiento, la transacción y la suspensión del proceso por mutuo acuerdo, pero se incluía igualmente la perención, que le era extraña a las partes y en todo caso la sentencia, como providencia que resolvía el litigio.

 

El desistimiento tácito es una nueva figura de corte inquisitivo, que entraña un beneficio a la contraparte por el no cumplimiento en el término legal, de la orden del juez, en procura del avance del proceso.

 

f. De otro lado la figura procesal en ciernes, entraña un conocimiento absoluto del juez del proceso y los “tiempos normales” en la región especifica en el cumplimiento de las debidas cargas procesales.

 

Del proceso, por que la nueva exigencia, hace que asuma el rol de director supremo del proceso y no lo puede efectuar sino está enterado de las incidencias de este y en segundo lugar, por que los tiempos de ejecución de las cargas procesales, varían muchas veces de región a región; de circuito a circuito.

 

g. La aplicación de la Ley 1194 es general. Ella no contiene excepciones, como en la anterior perención, frente a ciertos procesos (prendarios o hipotecarios) y de hecho es susceptible de darse tanto en primera como en segunda instancia; pero en este último evento las posibilidades son menores, por que la falta de actividad de las partes, se sanciona en forma expedita y bajo ciertos parámetros enseñados por la ley procesal.

 

Solamente se protege a los “incapaces” citados a proceso, siempre que ellos carezcan de “apoderado judicial”.

 

Frente a los trámites que se surten luego de sentencia, como en el caso de ejecución de ellas o los previstos en los procesos de ejecución, se estima que esta institución del “desistimiento tácito” no es aplicable, toda vez que aunque originalmente se atribuye a las partes (primero la demandante, luego a  la demandada), es el juez en últimas quien debe ejecutarlas, con unas sanciones procesales, que de hecho asumen las partes; por lo que no se podría frente al mismo hecho, sancionar en dos formas al litigante incumplido (non bis in ídem).

 

Y de hecho, el desistimiento (auto de naturaleza interlocutoria) no puede dejar sin efectos lo dispuesto en una sentencia, que colocó fin a un litigio, o dejarla simplemente sin efectos, por que ella no se cumplió a cabalidad.

 

h. Un último punto que vale la pena resaltar, es que le ley 1194 rebaja a solo seis (6) meses la posibilidad de reiniciar la actuación. El término es inferior al de la antigua perención (menor incluso al proyectado originalmente) y no existe restricción sobre lo pretendido, así sean las medidas previas que como consecuencia de la declaratoria del desistimiento tácito, se levantaron, con su condena en costas y perjuicios.

 

El término no es muy extenso; lo que posibilitaría nuevas acciones sin las angustias de la prescripción.   

 

A MANERA DE CONCLUSION

 

El tiempo será quien determine la benevolencia de la norma y el cumplimiento de las expectativas que motivaron su introducción en el régimen procesal, y con el transcurso del tiempo se producirá la decantación jurisprudencial y doctrinaria.

 

En estos primeros momentos, la subjetividad de la norma ha producido efectos diversos; desde exigencias sumarias a cumplir ciertas actividades, que por lo general conlleva mayor dilación en el tiempo o a estar exigiéndose so pena de imponer castigo, a que se cumplan las actividades legales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

- AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal. Ed. Temis. Bogotá, 2.000

 

- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y LEGISLACION COMPLEMENTARIA, Legis 2008

 

- DEVIS ECHANDIA, Hernando, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo IV, Editorial Temis, 1964

 

- DEVIS ECHANDIA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, 15 edición, editorial ABC, Bogotá

 

- LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Parte General, Dupré, 2.002

 

- Monroy Cabra, Marco Gerardo, Derecho Procesal Civil, Parte General, 5ª. Edición, Ediciones Librería del Profesional.

 

- PARRA QUIJANO. Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Ediciones Librería del Profesional. 14ª  Edición. Bogotá. 2004.

 

- PARRA QUIJANO. Jairo. Derecho Procesal Civil. Ediciones Librería del Profesional. Edición 1995. Bogotá.  

 

- Universidad Externado de Colombia, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Congreso Colombiano de Derecho Procesal.

 

- VELASQUEZ, Juan Guillermo, Los Procesos ejecutivos, 9ª. Edición, Señal Editoral, 19973

 

 



[1] Es abogado de la Universidad Santo Tomás, seccional de Bucaramanga, especializado en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana, docente en varias universidades en Derecho Societario y Derecho Procesal Civil. Es conciliador y árbitro de la lista de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Correo javierenrique@castillocadena.com

[2] DEVIS ECHANDIA, Hernando, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo IV, Editorial Temis, 1964

[3] ARTICULO 45. PERENCION. En la jurisdicción civil, una vez cumplidas las condiciones del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el Juez, aún de oficio, podrá decretar la perención del proceso.

[4] ARTICULO 19. PERENCION: En materia civil, una vez cumplidas las condiciones del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el Juez, aun de oficio, podrá decretar la perención del proceso o de la actuación, aunque no hayan sido notificados del auto admisorio todos los demandados o citados. También cabe la perención cuando la actuación pendiente esté a cargo de ambas partes.

 

[5] Proyecto de Ley No. 062 DE 2007 Cámara de Representante – No. 169 de 2007 Senado de la República

 

[6] LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Parte General, Dupré, 2002

Comentarios

en su escrito argumenta la no procedencia del desistimiento tacito con posterioridad a la sentencia, lo anterior debe ser repensado en mi concepto atendiendo lo dispuesto en sentencia de tutela de la corte constitucional Sentencia T-581/11

En un proceso divisorio donde se dicta un auto que decreta la division por venta en publica subasta, se comisiona al inspector municipal de policia competente para que realice el secuestre del lote y posterior a ello han transcurrido 5 meses sin que el proceso se impulse ni se haya realizado tal diligencia que se puede hacer para que se aplique la norma del desistimiento tacito y se proceda al levantamiento de las medidas previas si me pueden informar que se hace a la mayor brevedad posible les estare sumamente agradecido

en un proceso divisorio donde se debe notificar a los indeterminados determinados y la persona demandante, la pregunta es la siguiente. cual debe ser el procedimiento para notificar a la contraparte y a los determinados y a los indeterminados conociendo de ante mano que la parte actora manifesto en la demanda la direccion de notificacion de la parte demandante

He recibido un proceso ejecutivo en el cual existe un incidente en oposición a diligencia de secuestro de un vehículo, el que había sido entregado en Transacción en otro proceso ejecutivo pero que que el juzgado lo termino por desistimiento tacito, esa transacción queda sin efecto o no?

QUISIERA SABER SI EL DESISTIMIENTO TACITO APLICA PARA LOS PROCESOS QUE YA POSEEN UNA SENTENCIA. ASÍ MISMO SI INFLUYE EN EL ALGO EL CUADERNO DE MEDIDAS PARA DECRETAR EL DESISTIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE YA EXISTE UNA SENTENCIA

POR FAVOR PODRIAN HACER UN FORMATO DE DESISTIMIENTO TACITO... MUCHAS GRACIAS.

El auto que requiere a la parte para que cumpla una carga procesal en un termino de 30 dias, y que es requisito previo para ordenar el desistimiento tacio, es un auto interlocutorio????

En procesos ejecutivos cuando ya se ha llegado a la sentencia y se ha liquidado el credito, no hay bienes para embargar , algunos juzgados estan requiriendo para que se continue con el proceso so pena de dar aplicacion a la ley en comento. en estos casos no se puede hacer lo imposible por que si no hay bienes no hay nada que hacer de mas en el proceso. que se puede argumentar al juzgado en orden que no se aplique la ley 1194

En un proceso ejecutivo singular, se ha solicitado embargo (1998) de un inmueble, se hizo la anotación en Registro. Posteriormente se levantó el embargo porque entro un proceso hipotecario... Una vezn terminado el proceso hipotecario, se deja a disposición del Juzgado que conocio el ejecutivo singular... Sinembargo la ultima actuación del Ejecutico Singular fue la liquidación del Crédito desde el año 2000... PROCEDE EL DESISTIMIENTO TACITO?.. mil gracias por su orientacion _

En un proceso ejecutivo singular, se ha solicitado embargo (1998) de un inmueble, se hizo la anotación en Registro. Posteriormente se levantó el embargo porque entro un proceso hipotecario... Una vezn terminado el proceso hipotecario, se deja a disposición del Juzgado que conocio el ejecutivo singular... Sinembargo la ultima actuación del Ejecutico Singular fue la liquidación del Crédito desde el año 2000... PROCEDE EL DESISTIMIENTO TACITO?.. mil gracias por su orientacion _

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